En Mallorca y en Baleares no se excluyó ni se negó una atención digna a nadie por razones de edad, de discapacidad o dependencia
Javier de Juan
«Mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio». Esto es lo que decía la señora Ayuso hace unos días en la Asamblea de Madrid para justificar la muerte infame de más de 7.200 personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros días de la pandemia.
De esta manera tan cruel reconocía los «protocolos de la vergüenza» cuya existencia había negado tantas veces. En la Comunidad de Madrid se habían dado órdenes políticas para no derivar a las personas mayores de las residencias a los hospitales públicos. Sí, a los hospitales públicos, porque las personas mayores que tenían seguro privado sí pudieron recibir asistencia hospitalaria privada. Y, además, lo argumentaba diciendo que en todos los lugares de España murieron igual. Pero no, señora Ayuso, en Mallorca no murieron igual.
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